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GEOPOLITICO |
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1976, la creciente demanda internacional por el producto cocaína,
contribuyó a que los cultivos de coca se extendieran notablemente
en la amazonía peruana y con especial intensidad en la selva alta.
La incomparable rentabilidad del producto, su independencia de los ineficientes
sistemas de crédito agrario y de los mecanismos de comercialización
oficiales, hicieron que la región se viera revolucionada por una
súbita bonanza económica: inmigración acelerada, crecimiento
desordenado y el nacimiento de liderazgos locales basados en el poder económico.
A la limitada presencia del estado se añadió la situación de ambigüedad provocada por el carácter ilegal asociado a un cultivo profundamente arraigado en la historia del país; ilegalidad asociada al procesamiento y comercialización de los derivados de esa antigua hoja así como a la presencia de grupos criminales organizados que tomaron a su cargo dichas labores. El debate internacional acerca de las sustancias ilegales se centró inicialmente en la determinación de responsabilidades entre los llamados países productores y los que ofrecen mercados para las drogas. Para los primeros, el origen del problema estaba en la demanda que los narcotraficantes buscaban satisfacer mientras que para los segundos el problema se suscitaba en una producción ilegal que debía ser controlada. Muchos países han buscado establecer acuerdos y tratados internacionales para controlar la producción de drogas. Fácilmente se asumió que la mejor manera de combatir el consumo de drogas era controlar la producción en los lugares de cultivo y procesamiento, estableciéndose acuerdos bilaterales en dicho sentido donde los países productores se comprometen a disminuir su producción de drogas. El poder de la industria de la cocaína en el mundo depende esencialmente de dos fuentes: a) su base social en el ámbito de la producción y elaboración inicial; y b) su base financiera a nivel de los circuitos de comercialización y distribución en los mercados de consumo. Se trata de dos aspectos que forman parte del mismo ciclo y aunque siempre están presentes, tienen pesos diferentes en los distintos países que participan en él. En el contexto internacional de la lucha contra las drogas se observa que las tradicionales rutas de transporte en Centroamérica tienen una menor importancia relativa y que algunos otros países se han convertido en canales de exportación y potenciales nuevos mercados como es el caso de Argentina, Brasil, Chile y Venezuela, cuyas poblaciones jóvenes son víctimas de la amenaza de las drogas. Países tales como Bolivia y el Perú han reducido significativamente sus volúmenes de producción de hoja de coca en los últimos 5 años mientras que Colombia ha mostrado una tendencia creciente de hectáreas de cultivos ilícitos a pesar de los esfuerzos de represión que se han implementado. La reducción de áreas cultivadas en Bolivia y Perú se basa en las acciones de interdicción emprendidas por los gobiernos, algunos cambios experimentados en los mercados internos y modificaciones en los mercados internacionales. En el Perú la base financiera, el manejo de los excedentes derivados de la comercialización y la influencia de los narcotraficantes nunca han alcanzado la misma gravedad que en Colombia. Tal vez esto se debe a que la participación del país en la industria de la cocaína ha sido esencialmente en su dimensión agrícola y sólo más recientemente se ha concentrado en la elaboración de PBC y clorhidrato de cocaína. En el caso peruano los grupos de narcoempresarios son más bien locales y se mantienen alejados del manejo de los circuitos de distribución y comercialización en los mercados internacionales, sin haber desarrollado carteles con proyección internacional. Gran parte de los pequeños productores nacionales generalmente destinan la droga a los mercados locales, sin generar redes de comercialización excesivamente amplias. Por otra parte, hoy se sabe que las firmas peruanas han intentado infiltrarse en la sociedad civil y militar para así influir en la política nacional y obtener legitimidad. En la actualidad las acciones de lucha contra la producción y el tráfico de drogas son intensas y sostenidas y apuntan hacia el desbaratamiento de las bandas involucradas, rompiendo las redes internacionales que intervienen en el país. Las acciones de inteligencia han alcanzado logros ciertamente importantes aunque en realidad falta aún mucho por hacer. Drogas y subversión Las zonas cocaleras han experimentado los terribles efectos de los movimientos subversivos, que encontraron en las localidades rurales y urbanas de la selva un ambiente propicio para su accionar, aprovechando el contexto de pobreza, desempleo y las limitaciones educativas corrientes en dichas zonas desde hace mucho tiempo atrás, expresión del centralismo que ha caracterizado el desarrollo nacional. Las firmas narcotraficantes desde un principio protegieron su accionar a través de grupos de sicarios armados que custodiaban los laboratorios donde se producía la droga y resguardaban la integridad de los jefes de banda. Había pues un constante desplazamiento de estos grupos, que evitaban enfrentarse con la policía o las fuerzas militares encargadas del orden público. El accionar terrorista se insertó en este contexto de violencia donde las fuerzas policiales y militares ya tenían un perfil de actuación reducido, evitando trasladarse a ciertas zonas para no provocar enfrentamientos abiertos con las bandas armadas. Así, ciertas zonas quedaron a merced de los narcotraficantes y terroristas, los cuales aunque en un primer momento se enfrentaron luego establecieron una alianza que permitió su convivencia. En cierto momento el grupo 'Sendero Luminoso' logró establecerse en algunas zonas como protector de los intereses de los cocaleros, defendiéndolos del accionar policial que los perseguía por considerar ilícita su actividad. Este rol protector permitió que Sendero obtuviese cierta legitimidad en algún sector de la población, lo cual fue aprovechado para articular una red de alianzas de mutuo apoyo en al menos los departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali. Los campesinos vendían la producción de hoja de coca en función a la oferta y la demanda pero respetando cierta regulación establecida por Sendero Luminoso, que fijaba precios de venta por cupos que involucraban protección, ello obligó a que algunos sectores del campesinado escapasen hacia otras zonas, principalmente al Huallaga Central. Asimismo, se sabe que muchos campesinos abandonaron el cultivo de coca ante los numerosos problemas vinculados con el riesgo implícito a la amenaza terrorista y la presión militar y policial. Sendero Luminoso expresó su posición frente al tráfico de drogas afirmando que la cocaína era una sustancia destinada al consumo externo y que al no perjudicar a la población nacional no había razón para limitar el derecho de los campesinos a sembrar coca y más bien era necesario impedir que los proyectos de erradicación arrasen los cultivos. Existe evidencia que algunos grupos de traficantes de drogas peruanos se enfrentaron de manera abierta al accionar de los subversivos. Aparentemente ese es el caso de la banda de 'Vaticano', que tuvo un pequeño ejército armado para proteger de ataques terroristas la localidad de Campanilla, habiendo ocurrido algunas reyertas que ocasionaron no pocos heridos y muertos. Pero la relación
general entre el narcotráfico y el terrorismo fue de colaboración:
los traficantes ofrecían dinero y armas a cambio de no tener restricciones
para su actividad y en algunos casos aún ayuda efectiva en el transporte
de drogas. Era un vínculo pragmático que en realidad se
mantuvo mientras ambas partes debían evadir el accionar policial.
Cuando las acciones de interdicción se agudizaron y los cabecillas
terroristas fueron capturados, las alianzas se disolvieron y cada cual
intentó subsistir a su manera. Drogas y violencia En la sociedad contemporánea la producción, tráfico y consumo de drogas suele asociarse a un contexto de violencia y criminalidad. En realidad al hablar de drogas y violencia debe mencionarse: a) La violencia asociada con las mafias de distribución; b) Aquella que se ejerce sobre los campesinos cocaleros; c) La violencia resultante de las difíciles relaciones entre los países productores y consumidores; y d) La violencia derivada de la apetencia compulsiva y psicopatización de los adictos. Sin embargo, es importante considerar que el esquema de Goldstein (1985) no incluye los casos de violencia asociados a la producción de drogas, los que resultan ser muy importante en un país como el Perú. Asimismo, no se toma en cuenta la violencia relacionada con la corrupción en todos los niveles, forma de violencia encubierta muy dañina para la sociedad. En el Perú se tiene que en Febrero de 1998, la Comisión Especial del Congreso de la República encargada de investigar las causas y consecuencias de la violencia cotidiana llevó a cabo una Primera Encuesta sobre la Victimización en Lima Metropolitana. Los resultados de la encuesta muestran que la violencia en Lima atraviesa todas las clases sociales y espacios urbanos y que tiene a los jóvenes como protagonistas, en un contexto de desconfianza generalizada hacia la policía. Del total de personas entrevistadas, el 32,4% fueron víctimas de algún acto violento durante 1997, mientras que del total de hogares entrevistados, el 69,7% tenía algún miembro que fue víctima de un acto violento. De acuerdo a la encuesta el 22,1% de las víctimas de robo en sus viviendas, indicaron que los ladrones estaban drogados. Este porcentaje llega al 23,1% en el caso de robo a personas y 17,5% en el caso de agresiones (Congreso de la República, 1998). La encuesta pone de manifiesto que los limeños han cambiado sus hábitos de vida como resultado de la violencia ciudadana. Por ejemplo, evitan salir por las noches, cambian sus recorridos, limitan su presencia en lugares públicos y ven alterada su socialización. Adicionalmente la encuesta señala que en opinión de la población los principales problemas que afectan la seguridad son los robos callejeros (61,7%), el consumo de drogas (57,9%), las peleas entre pandillas (53,0%), el alcoholismo (47,9%), las peleas callejeras (39,1%) y la prostitución (8,4%), evidenciando que la violencia es un componente fundamental en la mayor parte de problemas sociales que enfrenta la población. De todo lo mencionado se desprende que las principales preocupaciones de la población se relacionan con la prevención y la seguridad con la idea de evitar que se produzcan hechos delictivos. Se considera que las acciones de prevención serán más eficaces que las medidas legales que implican el incremento de las penas a los delincuentes. En el Perú uno de los problemas más importantes que asocian drogas y violencia ocurre en el contexto de las actividades destinadas a la producción de drogas. Es necesario mencionar que tanto los propietarios de chacras como los jornaleros que trabajan para ellos son muy vulnerables debido a que el cultivo de coca está asociado con actividades delictivas duramente penadas. Existen diversos grupos humanos relacionados con la producción y comercio de las drogas cocaínicas. Así se encuentran los 'traqueteros', comerciantes intermedios que compran la mercancía ilegal a los campesinos y pequeños productores para venderla a las firmas recolectoras o acopiadoras. Estos intermediarios pueden actuar de manera independiente o como agentes rentados de las mafias de narcotraficantes. La enorme cantidad de dinero
involucrada en la producción y comercio de drogas atrae a muchas
personas y grupos tanto legales como ilegales que buscan beneficiarse
de la situación, sea mediante la explotación política
o económica y la extorsión o el chantaje a cambio de diferentes
tipos de protección.
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